En el marco de PERUMIN 37, José Augusto Palma, presidente de la Cumbre Minera, presentó las conclusiones centrales del evento, subrayando que el país posee un enorme potencial geológico y minero reconocido por inversionistas nacionales e internacionales, pero que enfrenta grandes retos para no perder competitividad frente a otras naciones.

Institucionalidad y lucha contra la corrupción

De Vinatea advirtió que la corrupción y la inseguridad amenazan la confianza de ciudadanos e inversionistas, por lo que resulta indispensable defender y fortalecer la institucionalidad. “Sin reglas claras no habrá inversión privada, y menos aún desarrollo. El sector minero formal debe levantar la voz en defensa del Estado de derecho y en la lucha frontal contra la corrupción”, sostuvo.

Un Estado que funcione

El directivo señaló que la incapacidad del Estado para invertir los recursos generados por la minería en beneficio de la población incrementa la desconfianza y debilita la credibilidad institucional. “Es inaceptable que, habiendo tanta necesidad, el dinero público no se ejecute adecuadamente. Se debe invertir con eficiencia y transparencia para cerrar las brechas sociales”, puntualizó.

Modernización de trámites y permisos

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de contar con un sistema de permisos moderno y eficaz que permita acelerar los proyectos mineros. De Vinatea consideró fundamental simplificar trámites, eliminar duplicidades, reducir plazos legales y exigir que los funcionarios los respeten.

Asimismo, subrayó que debe incorporarse tecnología, incluyendo inteligencia artificial, para agilizar procedimientos. Reconoció la voluntad de los ministerios de Economía y Finanzas, y de Energía y Minas, de impulsar mejoras; sin embargo, cuestionó la falta de autocrítica de algunos funcionarios del Ministerio del Ambiente. “Exigir estudios de impacto ambiental de 20,000 páginas no hace más sostenible un proyecto, pero sí retrasa la ejecución y mantiene en la pobreza a nuestros compatriotas”, afirmó.

Lucha frontal contra la ilegalidad

De Vinatea expresó su preocupación por el avance de la minería ilegal y otras actividades ilícitas, así como por el riesgo de que el crimen organizado intente influir en la política. Recordó que, según una encuesta reciente, más del 75% de los peruanos considera que la minería ilegal es un delito que amenaza directamente su seguridad y la de sus familias.

“El sector minero formal —desde la gran minería hasta la pequeña minería formal, proveedores, prensa, jóvenes y academia— debe unirse para combatir este flagelo que destruye el medio ambiente, la salud, las instituciones y nuestra democracia”, señaló. En esa línea, saludó la decisión del Ministerio de Energía y Minas de no ampliar y depurar el REINFO.

Compromiso de inversión

Pese a las dificultades, el ejecutivo destacó que las empresas siguen apostando por el Perú. Mencionó los anuncios de nuevas inversiones de Buenaventura, Minsur, Hochschild y Cerro Verde, así como el interés de First Quantum y Teck Resources en continuar con proyectos como La Granja, Haquira y Zafranal.

Mejor comunicación con la ciudadanía

Finalmente, resaltó la importancia de comunicar mejor el aporte de la minería al desarrollo nacional. “Es necesario contar lo que hacemos y hacerlo de manera más estratégica, para reforzar la confianza de los peruanos y mostrar que la minería formal trabaja por un futuro sostenible”, concluyó.