Un polémico proyecto de ley impulsado por el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino ha encendido las alarmas en el sector minero, social y ambiental del Perú al plantear un nuevo régimen denominado “minería con prácticas ancestrales”, que podría relajar de manera significativa los controles legales y técnicos aplicables a la pequeña minería y minería artesanal.

La iniciativa busca crear dos nuevos padrones para formalizar a los llamados microproductores y pallaqueras mineras —el Registro Integral Formalizado de Microproductores Mineros Ancestrales (RIFMMA) y el Registro Integral Formalizado de Personas Pallaqueras Mineras (RIFPePM)— bajo la bandera de identidad cultural e interculturalidad.

Exoneraciones que preocupan al sector

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto radica en el artículo 26, que propone eliminar requisitos considerados esenciales para la seguridad y la gestión responsable en minería:

• Exoneración de permisos para el uso de explosivos, lo que abriría el acceso a materiales peligrosos sin supervisión estatal.
• Suspensión de controles sobre insumos químicos, al permitir la adquisición, transporte y comercialización sin autorización, lo que facilitaría el uso de sustancias sin trazabilidad ni rastro administrativo.

Estos cambios representan un debilitamiento de los mecanismos de trazabilidad y seguridad que regulan tradicionalmente la actividad minera en el país.

Eliminación de evaluaciones ambientales

La iniciativa propone además que los mineros ancestrales operen sin la presentación de estudios de impacto ambiental, como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o el IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal).

En lugar de estos requisitos técnicos y ambientales vigentes, el proyecto plantea la creación de un Fondo de Remediación Ambiental y de Asistencia Técnica (FORAT), financiado mediante aportes porcentuales sobre las ventas (5 % para microproductores y 2 % para pallaqueras), sin exigir fiscalización ambiental directa en campo.

Beneficios tributarios y limitaciones de control

En el plano tributario, la propuesta contempla:

• Exoneración del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV) para los mineros que se acojan al régimen ancestral.
• Tasas preferenciales de IR para titulares de concesiones que establezcan asociaciones con estos operadores.

Además, el proyecto contiene disposiciones que limitan las medidas de interdicción administrativa o judicial, como la destrucción de maquinaria o insumos ilegales, restringiendo así la capacidad de las autoridades de intervenir en operaciones fuera de la ley.

Diversos especialistas y representantes del sector han comparado esta iniciativa con una “versión 2 del Reinfo” —haciendo alusión al esquema transitorio de formalización que ha enfrentado críticas por su falta de fiscalización efectiva— y advierten que podría abrir una puerta amplia a la informalidad y a omisiones de control técnico y ambiental

El sistema de validación basado en declaraciones juradas, ya cuestionado por su ineficacia en procesos anteriores de formalización, podría permitir que quienes operan al margen de la ley se puedan legitimar sin cumplir con requisitos esenciales de seguridad y sostenibilidad.

Fuente: Infobae