El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) prevé presentar al Congreso de la República, a más tardar el 15 de octubre, la propuesta de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). La iniciativa busca establecer un marco normativo más adecuado a las características de estas actividades y modificar el actual esquema de formalización minera.
El anuncio fue realizado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, quien señaló que el Ejecutivo prepara un régimen simplificado y diferenciado para los operadores que continúan dentro del proceso de formalización.
La propuesta adquiere relevancia ante el vencimiento previsto del actual esquema del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) el 31 de diciembre de 2026 y las dificultades que enfrentan numerosos inscritos para completar los requisitos exigidos.
El Ejecutivo cuestiona los resultados del proceso actual
Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el titular del MINEM señaló que los resultados alcanzados por el proceso vigente evidencian la necesidad de revisar sus mecanismos.
Según las cifras expuestas por el ministro, alrededor de 31.500 mineros artesanales se encontraban inscritos en el REINFO. De ese universo, aproximadamente 22.200 tendrían inscripción vigente y cerca de 9.000 estarían suspendidos o con trámites pendientes. El ministro indicó, además, que solo unos 2.300 mineros habrían culminado su formalización.
Estas cifras fueron presentadas por el sector para sustentar la necesidad de modificar el modelo y establecer procedimientos que respondan mejor a la escala y las condiciones operativas de la pequeña minería y minería artesanal.
Un régimen diferenciado para facilitar la formalización
Entre los planteamientos anunciados figura la implementación de una vía simplificada que permita a determinados operadores continuar sus trámites y completar los requisitos pendientes.
La intención es establecer exigencias acordes con las características de la actividad, sin eliminar las obligaciones esenciales relacionadas con la seguridad, la protección ambiental y el cumplimiento de la normativa sectorial.
El ministro también mencionó las dificultades que pueden generar determinados procedimientos ambientales y administrativos, así como los trámites vinculados con el acceso a explosivos para las operaciones mineras.
La iniciativa deberá precisar qué requisitos serán diferenciados, qué autoridades tendrán competencias en cada etapa y cuáles serán las condiciones para acceder al nuevo mecanismo.
Trazabilidad y control de las plantas de beneficio
Otro componente anunciado es el fortalecimiento de la trazabilidad del mineral, con el propósito de mejorar la identificación de su origen y distinguir las operaciones formalizadas de aquellas vinculadas con la minería ilegal.
En esa línea, el MINEM ha planteado reforzar la verificación de las plantas de procesamiento y beneficio, así como la participación del Estado en el seguimiento de las operaciones.
El desafío será articular los mecanismos de control con los procedimientos de formalización, de manera que la simplificación administrativa no debilite la supervisión ni el cumplimiento de las obligaciones aplicables.
¿Qué sigue para la Ley MAPE?
La fecha anunciada corresponde a la presentación prevista de la iniciativa, no a su entrada en vigor. Una vez presentado el proyecto, su contenido deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente y podrá ser objeto de revisión y modificaciones.
Por ello, los alcances definitivos sobre la continuidad de los inscritos en el REINFO, los plazos de adecuación, las autorizaciones exigibles y las competencias institucionales dependerán del texto oficial y de las disposiciones que finalmente se aprueben.
Fuente: Rumbo Minero
