El presidente ecuatoriano Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional de Ecuador dos proyectos de ley calificados como económicos urgentes, con el objetivo de impulsar cambios en la regulación de los sectores estratégico de minería y energía, así como ordenar el gasto público de los gobiernos locales, informó el Legislativo tras la recepción de las iniciativas. Los documentos fueron entregados el 28 de enero de 2026 al Parlamento para su debate y aprobación en un plazo máximo de 30 días.
Fortalecimiento de minería y energía
El primer proyecto, denominado Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, propone una serie de ajustes normativos a la Ley de Minería y al marco regulatorio energético con la finalidad de:
- Simplificar y racionalizar actos y procedimientos administrativos que actualmente desincentivan la inversión privada.
- Reducir plazos y cargas procedimentales desproporcionadas para agilizar trámites.
- Incorporar mecanismos de promoción de inversiones, incluidos clústeres mineros integrales que faciliten el flujo de capitales y generen impacto fiscal.
- Fortalecer los mecanismos de control y supervisión para combatir la minería ilegal y promover transiciones ordenadas hacia la formalización.
- En el sector energético, habilitar esquemas de concesión y delegación con participación de capital privado, trasladando ciertos riesgos al operador para aliviar la carga fiscal en proyectos de infraestructura eléctrica.
El Ejecutivo precisó que estas reformas no contemplan la creación de nuevos tributos ni el incremento del gasto público.
Reglas para gobiernos locales
Descentralización (COOTAD) para mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La iniciativa busca que estos gobiernos asignen una porción mayoritaria de su presupuesto a inversión, mantenimiento de infraestructura y provisión de servicios públicos. Entre los cambios previstos:
- 2027: al menos 60 % del presupuesto destinado a inversión y servicios.
- 2028: al menos 65 %.
- 2029 y siguientes: al menos 70 %.
Además, se contempla una aplicación más progresiva del nuevo esquema para juntas parroquiales y áreas rurales pequeñas.
Tratamiento legislativo
Al tratarse de proyectos urgentes de carácter económico, la Asamblea Nacional deberá debatirlos y tomar una decisión en un plazo máximo de 30 días desde su recepción. La presidencia del Legislativo aseguró que las iniciativas serán analizadas “con responsabilidad, diálogo y dentro de los plazos que establece la ley”.
Fuente: Bloomberg Línea.
