Este domingo 13 de julio, desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte emitió un mensaje a la Nación en el que marcó un punto de quiebre en la política minera del país: declaró una ofensiva total contra la minería ilegal, señalándola como fuente de violencia, evasión fiscal y degradación ambiental. El mensaje fue firme, sin espacio para la ambigüedad.
Aunque no es la primera vez que el Ejecutivo se refiere al problema, sí es la primera ocasión en que la presidenta lo hace en tono frontal, atribuyéndole incluso responsabilidad directa en recientes conflictos sociales que han dejado víctimas mortales en varias regiones mineras del sur. Aseguró que el gobierno reinstauró el orden y reafirmó que no se permitirá que se repita la violencia vivida en diciembre 2022 y los primeros meses de 2023.
Exigió al Ministerio Público actuar de oficio contra quienes «promueven ríos de sangre», incluyendo “malos congresistas” que han alentado la confrontación con el Estado.
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
La minería ilegal ha significado una pérdida fiscal de S/ 7,500,000.00 millones en impuestos que podrían haberse invertido en infraestructura educativa, salud, comisarías, agua potable, energía, prisiones y rehabilitación.
El ministro del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Montero, advirtió que la minería ilegal provocará pérdidas fiscales superiores a los S/ 7.800 millones en 2025, afectando tanto al impuesto a la renta como al canon minero. Asimismo, advirtió que regiones como Arequipa (S/ 450,000,000 millones), Madre de Dios ( S/ 240,000,000 millones), La Libertad (S/ 215,000,000 millones) , Apurímac ( S/ 213,000,000 millones) y Ayacucho (S/ 160,000,000 millones) sufren gravemente afectadas por este fenómeno
También indicó que esta actividad impide el desarrollo, destruye el medio ambiente y vulnera los derechos laborales de los pequeños mineros y trabajadores artesanales.
MESA TÉNICA Y FORMALIZACIÓN
Se anunció la instalación de una mesa técnica este Lunes 14 de julio , con representación del Congreso, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, gremios mineros, la SNMPE, el Instituto de Ingenieros de Minas y la Comisión de Energía y Minas ara abordar la formalización minera, una deuda pendiente que involucra a más de 30 mil operadores inscritos en el REINFO, pero sin avances sustantivos en una década. También se mencionó la necesidad de una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, aunque sin detalles normativos aún.
La agenda incluye:
- Formalización de los 31 560 mineros inscritos en el REINFO.
- Implementación de derechos laborales para mineros pequeños y artesanales.
- Diseño de una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal que proteja el medio ambiente, los trabajadores y el interés nacional
Por otro lado, la presidenta habló de pérdidas fiscales de miles de millones de soles anuales, como justificación del endurecimiento de controles.
REACCIÓN DESDE EL SUR ANDINO
En regiones como Puno, Madre de Dios, La Libertad o Arequipa, donde conviven operadores artesanales y estructuras ilegales, la declaración ha sido recibida con escepticismo e indignación. Diversas voces locales han advertido que este tipo de mensajes refuerzan la narrativa de criminalización sin distinguir entre minería informal y actividades ilícitas. Además, se ha denunciado que mientras se reprime al minero artesanal, el Estado mantiene relaciones funcionales con grandes operadores —formales, pero muchas veces sin licencia social-.
