El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que está elaborando una propuesta legislativa denominada Ley MAPE —Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal— con el objetivo de frenar la minería ilegal y establecer un marco jurídico definitivo para la formalización del sector antes de que concluya el gobierno del presidente José Jerí.
Contexto y propósito
La iniciativa se presenta en el marco de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, medida que mantiene vigente el proceso de formalización para pequeños y artesanales mineros. El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, afirmó que el Minem espera contar con un borrador presentable de la Ley MAPE durante el primer trimestre de 2026 para ser presentado al Congreso antes de que termine la actual gestión.
El principal propósito de la Ley MAPE es ofrecer un régimen normativo estable y permanente que reemplace las extensiones temporales del Reinfo y permita integrar de manera responsable a los más de 30,000 mineros actualmente en proceso de formalización a la economía nacional.
Elementos clave de la propuesta
Entre los pilares que plantea la futura Ley MAPE se incluyen:
- Uso de tecnología y trazabilidad: El proyecto incorpora sistemas tecnológicos para diferenciar con precisión entre operaciones formales y actividades mineras ilegales, incluyendo la georreferenciación de concesiones y el control de insumos críticos.
- Control del crimen organizado: La propuesta busca evitar que redes delictivas se financien mediante la minería ilegal, mediante mecanismos de supervisión más sólidos y transparentes.
- Integración al mercado formal: Facilitar la incorporación de pequeños mineros al sector formal, con mecanismos que permitan mejorar su productividad y cumplimiento de estándares técnicos, ambientales y laborales.
Importancia y desafíos
La Ley MAPE representa un intento por cerrar brechas regulatorias históricas y establecer una política sostenible para la formalización minera, un tema que ha generado debate y presión social en distintas regiones del país. La experiencia con el Reinfo —impulsada por varias ampliaciones legislativas— ha sido criticada por especialistas que señalan que, a pesar de mantener un marco transitorio, no ha logrado reducir de manera efectiva la minería ilegal.
Asimismo, el proceso para la aprobación de la Ley MAPE será clave para la estabilidad del subsector, ya que podría convertirse en un referente para atraer inversiones y gestionar conflictos sociales relacionados con actividades extractivas en zonas rurales y remotas.
