El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó los principales alcances de su propuesta de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), iniciativa que busca establecer un marco jurídico permanente para la formalización, sostenibilidad y desarrollo productivo de este segmento de la actividad minera.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, explicó que la propuesta busca superar la fragmentación normativa y la aplicación recurrente de mecanismos temporales. Entre sus principales medidas contempla un régimen ordinario para nuevos operadores y productores formalizados, así como un régimen de consolidación dirigido a determinados inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Según lo anunciado, este último régimen comenzaría el 1 de enero de 2027 y concluiría el 31 de diciembre de 2028. La propuesta deberá seguir el procedimiento correspondiente para su aprobación y entrada en vigor.

Dos modalidades para la formalización minera

La iniciativa plantea diferenciar las condiciones de acceso a la formalidad según la situación de los operadores.

• Régimen ordinario permanente. Estaría dirigido a nuevos operadores y productores formalizados. Para iniciar o reiniciar actividades, se exigirían las autorizaciones sectoriales y la certificación ambiental que correspondan según las características de cada operación.
• Régimen de consolidación. Se aplicaría temporalmente a personas inscritas en el REINFO que cumplan las condiciones establecidas en la futura norma. El objetivo sería permitir que los operadores comprendidos en este mecanismo avancen en la regularización de sus actividades dentro del plazo previsto.

El ministro reiteró que el REINFO concluiría el 31 de diciembre de 2026. Por tanto, la propuesta busca establecer un nuevo esquema para la etapa posterior, con condiciones diferenciadas según el régimen aplicable.

FORMAPE: nuevo organismo para fortalecer la pequeña minería

Uno de los principales componentes del proyecto es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), entidad que estaría adscrita al MINEM.

De acuerdo con los alcances difundidos, el organismo asumiría funciones relacionadas con la mejora de estándares operativos, la promoción de buenas prácticas laborales y de seguridad, y el impulso de la innovación tecnológica.

También tendría responsabilidades en la administración de sistemas de información y trazabilidad, la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, el otorgamiento de acreditaciones de pequeño productor minero (PPM) y productor minero artesanal (PMA), y la emisión de autorizaciones de inicio o reinicio de actividades.

La propuesta busca centralizar procedimientos administrativos mediante una Casilla Electrónica Única, con el propósito de facilitar la gestión de trámites y mejorar el seguimiento de los operadores comprendidos en el régimen.

Trazabilidad y control de la cadena productiva

La iniciativa contempla un sistema de trazabilidad que abarcaría las distintas etapas de la cadena de valor del mineral: origen, traslado, recepción, beneficio, procesamiento y comercialización.

Este componente busca mejorar la identificación de la procedencia de los minerales y fortalecer los mecanismos de control sobre los actores que participan en la actividad.

El alcance de la propuesta incluye a titulares de derechos mineros, titulares de actividades de beneficio, acopiadores, transportistas, procesadores, comercializadores y otros participantes del flujo del mineral.

Asimismo, se plantea autorizar expresamente al Banco de la Nación a brindar servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, como parte de las medidas de inclusión económica.

Exigencias ambientales y responsabilidades operativas

En materia ambiental, el proyecto establece que las actividades comprendidas deberán respetar los principios de protección ambiental del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y contar con la certificación ambiental que corresponda antes del inicio de las operaciones.

Los requisitos específicos se definirían mediante decreto supremo, bajo criterios de proporcionalidad, agilidad y adecuación al riesgo y a las condiciones territoriales de la pequeña minería y minería artesanal.

La propuesta también contempla disposiciones sobre responsabilidad por incumplimientos ambientales y de seguridad y salud ocupacional en determinadas actividades desarrolladas mediante contratos de explotación o cesión.

¿Qué sigue para la propuesta?

Los alcances anunciados representan una propuesta normativa y no deben interpretarse como obligaciones ya vigentes. Su aplicación dependerá del texto oficial que se tramite, de su aprobación y de las disposiciones reglamentarias que correspondan.

Para los operadores mineros, las empresas vinculadas con la cadena de suministro y los profesionales del sector, será relevante seguir la evolución de la iniciativa, especialmente en lo referido a los requisitos de formalización, las autorizaciones sectoriales, la certificación ambiental y los mecanismos de trazabilidad.