El consumo de combustible en Madre de Dios llegó a registrar niveles ocho veces superiores al promedio nacional, impulsado por la demanda de maquinaria pesada utilizada en actividades de minería ilegal. La alerta fue difundida por el Colectivo País Seguro (PAS), que identificó el tráfico ilícito de combustibles como uno de los principales soportes logísticos de estas operaciones.

La organización advirtió que la extracción ilegal de minerales no solo genera impactos ambientales y ocupación de territorios, sino que también requiere una cadena de abastecimiento permanente de diésel y otros insumos para mantener operativa la maquinaria empleada en las zonas de extracción.

El reporte pone el foco en la necesidad de fortalecer los controles sobre la distribución y comercialización de combustibles, así como en la identificación de las rutas utilizadas para desviar estos productos hacia actividades ilícitas.

Dragas y maquinaria pesada elevan la demanda de diésel

Según el Colectivo PAS, una sola draga utilizada en los ríos puede consumir hasta 250 galones de diésel por semana. A esta demanda se suma el combustible requerido por retroexcavadoras, volquetes y otros equipos que intervienen en las operaciones de extracción. El uso intensivo de maquinaria convierte al combustible en un insumo esencial para sostener la actividad ilegal, particularmente en zonas remotas de la Amazonía, donde las operaciones requieren abastecimiento constante.

En ese contexto, la organización considera que las acciones de control deben abordar no solo la extracción de minerales, sino también la logística que permite mantener las operaciones en funcionamiento.

Más de 14 rutas de contrabando identificadas

El Colectivo PAS alertó sobre la existencia de más de 14 rutas terrestres y fluviales utilizadas para trasladar combustible desde regiones vecinas y países fronterizos hacia zonas afectadas por la minería ilegal. Entre los puntos mencionados figura La Pampa, en Madre de Dios, una de las áreas más afectadas por la extracción ilegal de oro.

Estas rutas plantean desafíos para la fiscalización debido a la extensión territorial, la movilidad de los operadores y la necesidad de coordinar acciones entre las autoridades responsables del control de combustibles, el transporte y las actividades mineras.

Por ello, la organización planteó reforzar la supervisión de la cadena de suministro y dirigir los esfuerzos de interdicción hacia los mecanismos que permiten abastecer a las operaciones ilegales.

El mercurio, otro insumo bajo alerta

El reporte también advierte sobre el uso de mercurio en actividades de minería ilegal, especialmente en Madre de Dios y Puno.

Según el colectivo, parte de este insumo ingresaría de contrabando desde Bolivia. La preocupación se relaciona con los impactos ambientales y sanitarios asociados a su uso, además de las dificultades para controlar su comercialización cuando se desvía hacia operaciones no autorizadas.

El abastecimiento de combustibles y sustancias químicas evidencia que la minería ilegal depende de redes logísticas que exceden el lugar de extracción y conectan diferentes territorios y actores de la cadena de suministro.

Uso del REINFO y riesgos de desvío de insumos

El Colectivo PAS también cuestionó el presunto uso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por parte de organizaciones criminales para justificar el transporte de combustibles e insumos destinados a actividades ilegales.

Esta denuncia refuerza el debate sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de verificación, trazabilidad y control de los operadores y de los productos que circulan hacia zonas mineras.

Las observaciones del colectivo constituyen alertas que requieren evaluación y actuación por parte de las autoridades competentes; no implican que todos los inscritos en el REINFO estén vinculados con actividades ilícitas.

Control de la cadena de suministro: un desafío para el Estado

La organización sostuvo que las acciones de interdicción no deberían limitarse a la destrucción de maquinaria, sino que también tendrían que interrumpir el abastecimiento de combustible y de insumos químicos que permite sostener las operaciones ilegales. Este enfoque pone de relieve la importancia de coordinar la fiscalización de combustibles, el control del transporte, la supervisión de insumos químicos y las intervenciones contra la extracción ilegal de minerales.

El desafío consiste en fortalecer la capacidad de las autoridades para identificar las redes de abastecimiento y comercialización, mejorar la trazabilidad de los insumos y aplicar medidas de control con sustento legal y operativo.

Fuente: Energiminas.