El Estado peruano enfrenta una obligación internacional firme tras un laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a favor de la minera canadiense Lupaka Gold Corp. El fallo establece que el país debe pagar aproximadamente US$ 67 millones como indemnización, monto que continuará creciendo debido a la aplicación de intereses cercanos al 9 % anual.

Origen del conflicto

El caso se remonta al proyecto aurífero Invicta, ubicado a unos 120 km al norte de Lima, cuya operación fue paralizada por bloqueos comunitarios que impidieron el acceso efectivo al yacimiento. Lupaka Gold sostuvo que el Estado no cumplió con su deber de proteger la inversión extranjera, tal como lo dispone el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, al no restablecer el orden ni garantizar las condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de la actividad minera.

El tribunal del CIADI concluyó que el Perú incumplió estándares internacionales, especialmente el deber de otorgar un trato justo y equitativo a la inversión extranjera, y determinó la indemnización correspondiente.

Firmeza del fallo

El laudo arbitral fue emitido el 30 de junio de 2025. De acuerdo con las reglas del CIADI, el Estado tenía un plazo de 120 días para presentar un recurso de anulación, que venció en octubre de ese año sin que se interpusiera impugnación alguna. Como resultado, el laudo ha quedado cerrado, firme y exigible, eliminando cualquier posibilidad de revisión o apelación.

Riesgos y repercusiones

La falta de cumplimiento del pago no solo incrementa el costo fiscal por el continuo acumulamiento de intereses, sino que también genera importantes efectos secundarios:

• Posibilidad de embargos: Lupaka Gold ya habría iniciado procedimientos para identificar activos estatales en el extranjero susceptibles de ejecución forzosa bajo el marco del CIADI, lo que podría traducirse en la retención de bienes o ingresos del Estado.
• Impacto reputacional: Este fallo afecta la imagen del Perú como jurisdicción con seguridad jurídica sólida, lo que podría influir en la percepción de inversionistas, especialmente en sectores de alta intensidad de capital como la minería.
• Señales para futuros arbitrajes: El caso establece un precedente relevante sobre la protección de inversiones extranjeras y los riesgos asociados a la paralización de proyectos por conflictos sociales sin una intervención estatal eficaz.

El laudo del CIADI a favor de Lupaka Gold representa una carga financiera significativa para las finanzas públicas peruanas y un recordatorio sobre la importancia de garantizar condiciones estables y seguras para las inversiones en el sector minero. La decisión resalta la necesidad de mecanismos de gestión de conflictos y protección de inversiones más eficientes, así como un enfoque preventivo para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.