En el marco de la Cumbre Minera de PERUMIN 37, se realizó el panel “Desregulación para la Competitividad”, un espacio en el que autoridades, gremios y especialistas analizaron los retos que enfrenta el Perú en materia de tramitología, estabilidad normativa y atracción de inversiones. La sesión fue moderada por Luis Carlos Rodrigo, socio de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, y contó con las intervenciones de Erick Lahura, viceministro de Economía; Raquel Soto, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente; Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); y Elmer Cuba, socio de Macroconsult.

Estabilidad macroeconómica como base de la competitividad

El viceministro de Economía, Erick Lahura, sostuvo que la competitividad del Perú debe partir de una economía sólida, estable y predecible. Resaltó la política fiscal responsable que viene aplicando el MEF, respaldada por indicadores que colocan al país en una posición destacada en la región:

• Nivel de endeudamiento más bajo: 32% del PBI.
• Déficit fiscal: 2,3% a septiembre.
• Riesgo país: segundo más bajo de Latinoamérica, con 140 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU.
• Reservas internacionales: equivalentes al 26% del PBI.
• Inflación: la más baja de la región.

“En el ámbito macroeconómico, el Perú sigue siendo una estrella y un país altamente atractivo para los inversionistas”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que este desempeño no se refleja en el plano interno debido a la excesiva tramitología. Según estadísticas oficiales, un ciudadano peruano necesita en promedio 8,6 horas para completar un trámite, y el 41% de los procedimientos exige tres o más interacciones, frente al 25% del promedio latinoamericano.

Para enfrentar este problema, el MEF impulsa el llamado shock desregulatorio, iniciativa que se ha mantenido en distintas gestiones y que actualmente se desarrolla en diálogo con los gremios empresariales. Lahura precisó que ya se han identificado más de 600 medidas para simplificación administrativa, de las cuales más del 50% registra avances concretos. “Este esfuerzo nos permitirá reducir la tramitología, aumentar la eficiencia y productividad, y hacer del Perú un país más competitivo y atractivo para las inversiones”, subrayó.

Complejidad normativa y riesgos de sobrerregulación

La directora ejecutiva de la SNMPE, Ángela Grossheim, recordó que en 2018 un estudio del gremio identificó 470 normas, 230 procedimientos administrativos y 29 entidades públicas vinculadas a proyectos mineros, lo que demuestra la elevada carga regulatoria del sector.

A esta complejidad se suma la proliferación de proyectos normativos impulsados tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo, algunos con buena intención, pero que generan incertidumbre y, en ciertos casos, resultan inconstitucionales, como la iniciativa de creación de una servidumbre minera.

Grossheim alertó que, además de la sobrerregulación, el sector enfrenta la amenaza de la expansión de la minería ilegal, y recordó que en coyunturas electorales suelen discutirse cambios al régimen tributario minero, pese a que organismos internacionales lo han calificado como moderno y sólido.

En relación con la competitividad internacional, comentó los resultados de la Encuesta Fraser 2024:

• El Perú logró superar al 51% de jurisdicciones evaluadas, mejorando frente al 31% registrado en 2023, afectado por protestas sociales.
• No obstante, sigue lejos del 67% promedio alcanzado entre 2009 y 2019, y del 83% registrado en 2018.
• Pese a su importante potencial geológico, el país se encuentra por debajo de naciones con menor riqueza mineral, pero con mayor claridad regulatoria.

Entre las variables críticas identificadas por la encuesta están la incertidumbre en la interpretación de las normas, la duplicidad regulatoria, la inestabilidad política y la dificultad de relacionamiento con comunidades. Un aspecto particularmente preocupante es la criminalidad: el porcentaje de empresas que consideran la inseguridad como un obstáculo decisivo para invertir pasó del 6% en 2018 al 29% en 2024, llegando incluso a 37% en 2023.

Grossheim concluyó que es urgente fortalecer las instituciones y garantizar reglas claras, predecibles y pronunciamientos oportunos de las entidades públicas.

El rol de la institucionalidad ambiental

La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, Raquel Soto, señaló que el componente ambiental constituye la columna vertebral de la inversión sostenible. Desde su creación en 2008, el Ministerio del Ambiente lidera la consolidación de la institucionalidad y gobernanza ambiental en el país, articulando con sectores públicos y privados.

Explicó que en los años 90, la llegada de grandes proyectos y la exigencia de bancos de desarrollo impulsaron la creación de normativa ambiental en el Perú, basada inicialmente en el principio precautorio por la falta de información sobre ecosistemas. Con el tiempo, este marco ha evolucionado y se ha optimizado, aunque todavía enfrenta desafíos de articulación.

Entre las medidas recientes destacó:

• D.S. N.º 004-2024-MINAM: establece un plazo de 5 días para la admisibilidad de los EIA y evita suspensiones por retrasos en opiniones técnicas.
• D.S N.º 005-2024-MINAM: fortalece el acompañamiento en la elaboración de líneas base.
• D.L N.º 1664: ordena plazos para opinantes y mejora la articulación Estado–titulares.
• Relanzamiento de INTEGRAMBIENTE, que permite la tramitación simultánea de EIA y permisos ambientales relacionados.

Soto enfatizó que la mejora regulatoria debe ser una tarea compartida entre Estado y sector privado. “Es fundamental mantener la optimización permanente y garantizar predictibilidad para los titulares de proyectos”, señaló.

Incentivos para una gestión pública eficiente

El economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, analizó la competitividad minera desde la perspectiva de la inversión en exploración y operación, indicadores que suelen evaluarse a través de la Encuesta Fraser. Sin embargo, cuestionó la validez estadística de este ranking, dado que en 2024 se enviaron 2.300 encuestas y solo respondieron 350, de las cuales apenas 200 fueron completas. “Pese a ello, gobiernos, empresas y medios utilizan el índice como referencia anual”, comentó.

Los resultados muestran que el Perú ocupa una posición alta en potencial geológico, pero baja en el eje de políticas públicas y normativas. Según Cuba, esto evidencia que el país debería aspirar a convertirse en modelo mundial de aprobación de proyectos mineros.

Advirtió que cada año de retraso en la entrada en producción de una unidad minera significa un año menos de recaudación fiscal, considerando que el Estado capta entre el 35% y 45% de las utilidades del sector. “Es inconcebible que funcionarios públicos retrasen procedimientos que afectan directamente los ingresos del propio Estado”, expresó.

Como propuestas, sugirió implementar incentivos para los funcionarios, publicar rankings de desempeño institucional y diseñar mecanismos inteligentes de gestión que alineen los intereses del Estado con los beneficios fiscales que recibe de la inversión minera.

Conclusiones del debate

El panel coincidió en que el Perú cuenta con una sólida base macroeconómica y un potencial geológico sobresaliente, pero enfrenta serios desafíos vinculados a la excesiva tramitología, la sobrerregulación, la inseguridad y la falta de articulación institucional.

Avanzar hacia un entorno más competitivo requiere:

• Simplificación de trámites y continuidad del shock desregulatorio.
• Reglas claras y predecibles para el sector minero.
• Institucionalidad ambiental moderna, con procesos ágiles y herramientas actualizadas.
• Gestión pública eficiente, basada en incentivos y mecanismos que reduzcan la burocracia.

De esta manera, el Perú podrá aprovechar plenamente su potencial minero, atraer mayores inversiones y consolidarse como un referente internacional en gestión regulatoria y competitividad.