En medio del proceso de reorganización de Petroperú, la petrolera estatal enfrenta cuestionamientos por el uso de sus recursos en gastos de personal que no tienen impacto directo en la producción ni la eficiencia operativa. De acuerdo con declaraciones oficiales del Gobierno y reportes del proceso de reorganización, el 55 % del gasto total en personal se destina a 83 tipos de beneficios y “gollerías” laborales, que en 2023 representaron más de S/ 276 millones adicionales, sin reflejar mejoras claras en el desempeño de la empresa.
Contexto: crisis y reorganización
Petroperú, que ha registrado pérdidas financieras y una situación estructural adversa en los últimos años, fue objeto de un Decreto de Urgencia (N.º 010-2025) impulsado por el Ejecutivo para reorganizar su estructura patrimonial y operativa con el fin de garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país y restablecer su sostenibilidad financiera.
Como parte de estas medidas, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) enfatizaron la necesidad de eliminar prácticas que generan distorsiones en el uso de recursos públicos, entre ellas el elevado número de beneficios laborales que absorben una porción significativa del presupuesto de personal.
¿Qué implican estos beneficios?
Los llamados beneficios y gollerías incluyen una amplia variedad de incentivos y pagos adicionales que no están directamente asociados a la productividad ni a los resultados operativos de la empresa, sino a beneficios laborales complementarios que, según las autoridades, han contribuido al desequilibrio financiero de la petrolera.
La ministra de Economía, Denisse Miralles, y el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, han señalado que este tipo de gastos —junto con pérdidas acumuladas, deudas elevadas y un modelo operativo deficitario— son parte de los factores que hicieron insostenible la situación financiera de Petroperú sin una intervención estructural profunda.
Balance entre personal y sostenibilidad
El reconocimiento oficial de que más de la mitad del gasto en personal se distribuye en conceptos que no están alineados con productividad o eficiencia empresarial ha avivado el debate sobre la necesidad de ajustes profundos en la gestión de talento humano, la estructura salarial y los incentivos laborales en las empresas públicas.
Analistas sostienen que la reorganización debe ir acompañada de reformas en la política de recursos humanos, con énfasis en la meritocracia, la eficiencia y la sostenibilidad financiera, para evitar que la empresa continúe absorbiendo recursos sin generar valor económico proporcional para el Estado y los consumidores.
Fuente: Energiminas.
