La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) presentó el Proyecto de Ley N.° 13835/2025-CR, que busca modificar el artículo 19 del Reglamento del Congreso para que los diputados y senadores condenados por el delito de minería ilegal pierdan su escaño sin posibilidad de ser reemplazados por un accesitario del mismo partido.
La iniciativa plantea la incorporación explícita de la minería ilegal entre los delitos que activan la aplicación de la figura de la llamada “silla vacía”, que actualmente se aplica solo en casos de sentencia judicial firme por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos.
Objetivos de la propuesta
Según la exposición de motivos del proyecto, la inclusión de la minería ilegal como causal de pérdida del escaño busca:
- Fortalecer la responsabilidad política y ética de los partidos en la selección de sus candidatos.
- Enviar un mensaje de tolerancia cero contra delitos con impacto ambiental, social y económico.
- Reducir riesgos de infiltración de redes vinculadas a actividades ilícitas que han estado asociadas a la minería ilegal en diversas regiones del país.
La medida sería aplicable tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores del Congreso bicameral que se instalará en julio de 2026 y aún debe ser evaluada y debatida por la Comisión de Constitución y Reglamento antes de pasar al pleno del Parlamento.
Contexto del problema
La propuesta se presenta en medio de un contexto en que la minería ilegal continúa generando impactos significativos:
- La deforestación causada por esta actividad en la Amazonía ha sido documentada en más de 30 000 hectáreas entre 2021 y 2024, según el Instituto Peruano de Economía.
- Se estima que las exportaciones de oro ilegal en 2025 podrían alcanzar entre 105 y 115 toneladas, con un valor de hasta US$ 12 000 millones.
- Encuestas recientes muestran que una amplia mayoría de ciudadanos percibe la minería ilegal como una amenaza para la seguridad y la política nacional.
El alcance y la aplicación de esta iniciativa legislativa reflejan el creciente debate en torno a la relación entre delitos ambientales de alto impacto y la integridad de los procesos democráticos y representativos en el país.
Fuente: El Comercio.
