La propuesta forma parte de un paquete de 66 materias para las que el Ejecutivo solicita facultades legislativas al Congreso y plantea revisar aspectos vinculados al otorgamiento, vigencia y caducidad de las concesiones mineras. El Gobierno busca impulsar una actualización del marco normativo que regula las concesiones mineras en el Perú, como parte del conjunto de materias para las cuales ha solicitado facultades legislativas al Congreso.

La propuesta contempla modificaciones relacionadas con el otorgamiento, vigencia y caducidad de las concesiones y otros títulos habilitantes, además de medidas orientadas a la simplificación administrativa, formalización, trazabilidad y desarrollo de proveedores.

Un régimen que requiere adecuarse a nuevas condiciones

Uno de los argumentos detrás de la propuesta es la necesidad de adecuar un marco normativo que, en buena parte, tiene sus principales bases en las reformas implementadas durante la década de 1990.

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que una actualización podría resultar necesaria debido a que las condiciones tecnológicas, económicas y sociales actuales son distintas a las existentes cuando se diseñaron varias de las reglas que actualmente rigen el sistema de concesiones.

En ese contexto, la reforma podría abrir la discusión sobre aspectos centrales del régimen minero, entre ellos el derecho de vigencia, la extensión de las áreas concesionadas y los parámetros aplicables a la pequeña y mediana minería.

Actualmente, el derecho de vigencia tiene como referencia US$ 3 por hectárea al año, aspecto que también podría ser materia de revisión.

¿Qué podría cambiar para los titulares mineros?

Uno de los objetivos declarados de la propuesta es generar mayor seguridad jurídica y facilitar la inversión privada. Para ello, la revisión del régimen podría buscar que las reglas relacionadas con la permanencia de las concesiones, sus obligaciones y las causales de caducidad respondan mejor a la realidad actual del sector.

También se plantea reducir cargas administrativas que pueden retrasar el desarrollo de proyectos mineros. Sin embargo, el proyecto presentado al Congreso todavía no determina de manera específica qué procedimientos serán modificados ni cuáles serían los plazos que eventualmente se reducirían. Estos aspectos tendrían que concretarse posteriormente mediante los decretos legislativos, en caso de que el Congreso otorgue las facultades solicitadas.

Los retos de una eventual reforma

La actualización del régimen de concesiones mineras plantea, sin embargo, desafíos que van más allá de la simplificación de procedimientos.

1. Seguridad jurídica.
Cualquier modificación deberá preservar la predictibilidad del régimen para los titulares de derechos mineros y evitar cambios que generen incertidumbre sobre la estabilidad de las concesiones existentes.

2. Equilibrio entre inversión y obligaciones.
La revisión del derecho de vigencia, las reglas de permanencia y la caducidad deberá encontrar un equilibrio entre incentivar la inversión y evitar que las concesiones permanezcan sin actividad durante largos periodos.

3. Pequeña y mediana minería.
La eventual modificación de los parámetros aplicables a estos segmentos deberá considerar sus diferentes capacidades técnicas, económicas y operativas frente a la gran minería.

4. Simplificación sin debilitar la fiscalización.
Reducir trámites puede contribuir a acelerar proyectos, pero la simplificación administrativa deberá mantener mecanismos adecuados de control, transparencia y cumplimiento de las obligaciones mineras.

5. Coordinación con otros instrumentos y derechos.
La concesión minera constituye un derecho fundamental dentro del régimen minero, pero no equivale por sí misma a una autorización para desarrollar actividades de exploración o explotación. Por ello, cualquier reforma tendrá que articularse adecuadamente con las obligaciones ambientales, permisos sectoriales, derechos superficiales y demás autorizaciones requeridas para ejecutar un proyecto.

Una reforma que podría redefinir el régimen de concesiones

La iniciativa representa una oportunidad para revisar integralmente el sistema de concesiones mineras y adecuarlo a las nuevas características de la actividad minera peruana.

No obstante, el verdadero alcance de la reforma dependerá de qué facultades sean finalmente otorgadas por el Congreso y, posteriormente, del contenido de los decretos legislativos que emita el Ejecutivo.

Por ahora, la propuesta abre un debate relevante para el sector: ¿cómo modernizar el régimen de concesiones mineras sin afectar la seguridad jurídica, la protección ambiental y la predictibilidad necesaria para atraer nuevas inversiones?

Fuente: Energiminas